Primer Hecho : Según la Acusación Fiscal las señoras SONIA PILAR BONILLA CAIRO y GLADYS EDITH FIERRO OSCATEGUI, se habrían concertado con el señor PERCY GUTIÉRREZ HUANCA  asesor de la empresa PRAXAIR PERU S.R.L., mediante indicio que tenía conocimiento el área usuaria (SONIA PILAR BONILLA CAIRO) que el suministro se realizaba desde el mes de marzo, abril, mayo y junio del 2015; otorgando la Buena Pro el 3 de junio del 2015, de igual modo tenia conocimiento GLADYS EDITH FIERRO OSCATEGUI, y a pesar de ese conocimiento entregaron la buena pro a la empresa que ya venia suministrando oxigeno medicinal desde el 01 al 17 de junio del 2015 fechas en la que aun no se adjudicaba la buena pro, ni se firmaba el contrato; asi también la pericia contable manifiesta que la propuesta técnica de la empresa no debió ser admitida, toda vez que en esta no obra la copia  simple del certificado de buenas practicas de almacenamiento (CBP) a pesar de la observación de las partes que el certificado de buenas practicas de manufacturas (CBPM) abarca al indicado certificado faltante conforme se hace mención en el punto 2.5 contenido de la propuestas, propuesta técnica literal “k” de las bases integradas y con estos indicios se evidencia la supuesta concertación entre los miembros del comité y el procesado PERCY GUTIERREZ HUANCA, evidenciándose un peligro potencial para el patrimonio estatal y en especial infringieron su deber especial institucional previsto en los artículos  24, 25 y 30 Ley de Contrataciones con el Estado – D.L Nº 1017 y los artículos 27 y 34 de su Reglamento D.S N° 184-2008-EF.

 

Segundo Hecho: Que se suscribió la adenda al contrato N° 023-2015-HRDMI-EC de fecha 22 de junio dl 2015, entre Pilar DIAZ Valer directora general del hospital y los representantes de PRAXAIR PERU S.R.L para la cual se modifica la clausula quinta del contrato del plazo de ejecución de la prestación, determinación, determinándose que el consumo mensual de oxigeno medicinal seria l cual determine el plazo de entrega y, no conforme al cronograma de entregas – anexo 1 del contrato.

 

Con ello se evidencia que la acusada en mención causo un peligro concreto para el patrimonio estatal, ya que a través de la suscripción de la adenda modifico las bases del proceso, el contrato en beneficio del contratista.